El nuevo secretario general de Energía, Pedro Marín, trasladó ayer la patata caliente de la revisión del recibo de la luz a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el órgano regulador del sector, que en los últimos meses ha venido reclamando insistentemente una profunda revisión al alza de los precios para acabar con el denominado déficit de tarifa.
Este déficit es el agujero que se les crea a las eléctricas por vender la electricidad a precios regulados por debajo de los costes. El déficit, que ya supera de forma acumulada los 10.000 millones, se financia con un porcentaje de los recibos de la luz durante los quince años siguientes. Para cortar de raíz este lastre del sistema eléctrico español, la única solución es subir significativamente las tarifas. El momento pude ser a partir de julio.
Marín, que ayer intervino en la presentación de un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organizada por el Club de la Energía, explicó que la próxima revisión de las tarifas eléctricas, correspondiente al tercer trimestre del año, debe partir de una propuesta “que vaya resolviendo el problema”. Marín recordó que en la próxima revisión la CNE será por primera vez competente para realizar la propuesta, y que Industria espera “a ver cuál es ésta”.
Según la normativa, el mecanismo de revisión de las tarifas cambia por completo a partir de julio. Hasta ahora, era el Gobierno el que proponía las revisiones. Lo hacía de forma trimestral. La CNE se limitaba a dar su opinión, que normalmente no era tenida en cuenta. Así, frente a las recomendaciones de fuertes subidas de la CNE, el Gobierno se limitó a incrementar los precios en un ligero 3,3% en el primer trimestre, y a congelarlas en el segundo trimestre de este año.
En la decisión pesó sobremanera el hecho de que había elecciones generales. Según la normativa, para fijar las tarifas que estarán vigentes a partir del 1 de julio, el sistema ahora será a la inversa. Es la CNE la que debe establecer la metodología para fijar los precios. A través de un informe preceptivo, el regulador propondrá una revisión de precios al Gobierno. En última instancia, éste decidirá si la aplica íntegramente o no.
En el sector se considera que, bajo el pretexto de que es la CNE la que fijará los precios, el Gobierno aproveche para desatascar la situación, aceptando, si no todo, al menos una parte sustancial de los incrementos que proponga el regulador. En estos momentos, la CNE ya está elaborando el informe técnico de la revisión de tarifas a aplicar a partir de julio.
En lo esencial, sus argumentos no han cambiado. El sistema eléctrico necesita una revisión considerable al alza de precios para acabar con el déficit de tarifa. En diciembre, cuando el Gobierno estableció una subida del 3,3% para el primer trimestre de 2008, la CNE llegó a cifrar entre el 10% y el 20%, los incrementos que necesitaba el sistema.
El informe será aprobado previsiblemente a lo largo del mes de mayo por el consejo de la CNE. Según algunas fuentes cercanas al regulador, el informe está intentando hacer un escenario realista para amortiguar en la medida de lo posible el impacto de las subidas. En el regulador se ha abierto el debate de qué costes se imputan al sistema eléctrico.
Dependiendo de qué se incluye, el incremento de tarifas debería ser mayor o menor. Por ejemplo, ha surgido la pregunta de por qué las subvenciones a las renovables (que ya superan los 2.000 millones anuales) corresponden al sistema eléctrico. ¿Esas primas se podrían colgar de los Presupuestos del Estado, por ejemplo? Lo mismo ocurre con otras partidas de gastos: la experiencia de Elcogás, la retribución al transporte de energía, etcétera.
Ascó y las nucleares
Marín, por otra parte, restó dramatismo al incidente de la central nuclear de Ascó (donde se está investigando una fuga). Marín dijo que se trata de un “incidente menor que está perfectamente bajo control” y que no tiene que “perjudicar en absoluto” la renovación de las centrales nucleares ni “debería prejuzgar ninguna acción posterior en esta materia”.
Las declaraciones de Marín son alentadoras para el sector, que espera que el Gobierno socialista, detractor hasta ahora la energía nuclear, sea más receptivo a esta tecnología. La energía nuclear es una de las grandes apuestas que contempla la AIE para cubrir la demanda energética en el mundo en el futuro, según su estudio de perspectivas.
El director de la AIE, William Ramsay, abogó ayer por “un impulso” a la inversión en el sector de la energía para hacer frente “al desafío” de lograr un sistema más seguro y menos contaminante.
Narcís Serra se incorpora al consejo de Gas Natural
El consejo de Gas Natural aprobó ayer la incorporación de Narcís Serra al órgano directivo de la compañía en representación de Caixa Catalunya, que posee el 3% en la empresa gasista. El presidente de Caixa Catalunya sustituye así a Josep María Loza, quien como director general de la entidad bancaria, la representaba en el consejo. Loza anunció su dimisión como director general de Caixa Catalunya a mediados de enero y ahora su cargo lo ocupa Adolf Todó, procedente de Caixa Manresa.
El consejo de Gas Natural está formado por dieciocho miembros. Dos de ellos, el presidente, Salvador Gabarró, y el consejero delegado, Rafael Villaseca, están a título de consejeros ejecutivos. Criteria, el hólding de participadas de La Caixa, que tiene más del 30% del capital de Gas Natural, cuenta con cuatro miembros en el consejo. Igual que Repsol, que también controla más del 30%.
Uno de los miembros en representación de Repsol, Demetrio Carceller, es consejero en Sacyr, primer accionista de Repsol, con el 20%. La incorporación de Serra a Gas Natural no es el único cambio en el consejo de la gasista en los últimos meses. Joan María Nin, director general de La Caixa, y Francisco Reynes, director de Criteria, sustituyeron hace unos meses a los anteriores representantes de la entidad catalana en la gasista: Jordi Mercader Fuente. http://www.expansion.com/
Nada no tendremos que pirar del pais....
